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octubre 2, 2022
AMERICA CONTEXTO GLOBAL

Víctimas de DMG piden millonaria indemnización a Supersociedades

Un lío de vieja data por tres predios que, al parecer, no eran parte del patrimonio de DMG, tiene al borde de una millonaria demanda a la Superintendencia de Sociedades. Las víctimas de la captadora ilegal aseguran que perdieron alrededor de $115.000 millones que les pertenecían.

Para el próximo 31 de agosto la Procuraduría citó, de manera virtual, a la Superintendencia de Sociedades a una audiencia de conciliación sobre uno de los mayores descalabros financieros de la historia reciente del país: el de la captadora ilegal DMG. Sin embargo, esta vez no es el dueño de esa compañía, David Murcia Guzmán, el que tiene que rendir cuentas, sino que es el Estado mismo. Un grupo de cientos de víctimas de la extinta pirámide demandaron a la Superintendencia por supuestas irregularidades en la liquidadora de la compañía y piden que se le ordene a la entidad pagarles $115.000 millones.

Parte de este dinero, asegura la demanda, salió del patrimonio de DMG para un millonario negocio que finalmente no se finiquitó. Y otra parte, aseguran las víctimas, fue el dinero que dejó de percibir ese gran patrimonio por culpa de posibles malos manejos. El meollo del asunto es que DMG no les ha devuelto el dinero a los miles de personas que pusieron sus ahorros en la empresa, pero todos los activos y cuentas de la captadora ilegal están intervenidos desde hace años por la Superintendencia de Sociedades. Es decir, la plata que la entidad supuestamente perdió les pertenece a particulares que no encontraron otra vía, más que demandar, para protegerla.

Luego de la sonada liquidación de DMG en 2008 y de la posterior captura y extradición a Estados Unidos de David Murcia, la Supersociedades nombró como liquidadora a una abogada con una amplia experiencia en estos temas: María Mercedes Perry. En ese momento, la curtida abogada ya había participado de otras millonarias liquidaciones, también muy mediáticas, como la de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes y la de la Caja Agraria. Sin embargo, las víctimas de la captadora ilegal reprochan que por su labor el patrimonio que les pertenece se ha visto gravemente disminuido, por cuenta de un negocio ilegal que ya tiene en juicio a dos antiguas fichas de Murcia Guzmán.

Se trata de Juan Carlos Valencia Yepes y Luis Eduardo Gutiérrez Robayo, quienes están en juicio por lavado de activos porque, al parecer, a través de su empresa Guval, compraban inmuebles que en realidad terminaban perteneciendo a Murcia y así, supuestamente, lograron blanquear millones de pesos de la operación ilegal de DMG. Fueron Valencia y Gutiérrez, precisamente, quienes, en nombre de Murcia intentaron comprar tres lotes ubicados al norte de Bogotá, en la carrera 45 con calle 191: Nuevo San Antonio, Las Mercedes y Bihar B. Entre los tres predios suman 60.000 metros cuadrados en una codiciada área de la capital del país, y por poco pasan a ser de Murcia.

Según la demanda, que conoció El Espectador, la captadora ilegal les giró a Valencia y Gutiérrez $28.000 millones para que adquirieran los tres inmuebles. Los predios les pertenecen a Colbank S.A. e Inversiones López Piñeros Ltda. y los emisarios de David Murcia negociaron con estas dos compañías para la compra. En junio de 2008 alcanzaron a firmar una promesa de compraventa y hasta a girarles a los vendedores el valor final pactado: $23.000 millones. Sin embargo, nunca se hizo la transferencia de los bienes, con lo cual, en las escrituras, los dueños continuaron siendo Colbank e Inverlópez. Y luego vino todo el escándalo de DMG.

La captadora ilegal terminó en proceso de liquidación en cabeza de María Mercedes Perry. Según la demanda, tras todo el descalabro, la liquidadora incluyó estos tres inmuebles en el listado de activos del gran patrimonio de DMG. Por años, aseguran las víctimas, la liquidadora ha pagado de su dinero el impuesto predial, el servicio de vigilancia y hasta servicios de abogados por predios que no les pertenecen. En la demanda dice: “Esta promesa [de compraventa] no se elevó a escritura pública; por lo tanto, estos bienes nunca fueron de propiedad de DMG, como erróneamente lo manifestó la liquidadora de DMG, engañando a acreedores y víctimas”.

Fuente: El Espectador

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