Inicialmente, la Superintendencia de Sociedades interpuso una tutela en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro exigiendo inscribir el megalote a disposición de la liquidadora de DMG, que al momento de su intervención estaba en proceso de compra, como parte de la reparación de las víctimas de la pirámide, informó El Tiempo.
Sin embargo, un juez negó esa petición y el caso tuvo que pasar a manos del Tribunal de Cundinamarca, que tendrá que tomar la decisión en segunda instancia, añadió el medio.
Además, las empresas Inversiones López Piñeros y Colbank (de propiedad del empresario Juan Carlos López) que iniciaron el proceso de venta del lote a DMG, se negaron a perder el dominio sobre el bien y alegaron que el negocio de adjudicación a esa firma “nunca se perfeccionó”, explicó el medio.
Ante esto, en 2014, la Fiscalía General de la Nación aplicó extinción de dominio a esa propiedad y pidió que fuera inscrita entre los bienes de DMG bajo el argumento de que Juan Carlos Valencia y Luis Eduardo Gutiérrez Robayo, representantes de la pirámide durante el negocio, ya habían entregado 23.000 millones de pesos para efectuar la compra.