Por un error de la Supersociedades, las religiosas no aparecen como propietarias del 50% de un bien que poseen desde 1964.
Un predio avaluado en más de $19.000 millones, conocido como Nuevo San Antonio y ubicado en el norte de Bogotá, el cual tiene enfrentadas a la Fiscalía, la Superintendencia de Sociedades y la liquidadora de DMG, María Mercedes Perry Ferreira, con la firma Colbank, terminó siendo un dolor de cabeza para la congregación Dominicas de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. A pesar de ser propietarias del inmueble desde 1964, las monjas dejaron de aparecer como dueñas tras una decisión de la Superintendencia de Sociedades tomada en febrero de 2012, en la cual se ordenaba transferir la propiedad a la liquidadora de la pirámide DMG. El lío fue que en enero de 2007 las hermanas le vendieron 50% del bien a Colbank, que terminó salpicada en el escándalo de la pirámide.
En julio de 2009 comenzó la pelea por el predio. En esa fecha la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio y ordenó el embargo de todas las propiedades que al parecer eran de DMG pero estaban a nombre de terceros, entre ellas las de Colbank. Fue entonces que secuestraron el 50% del inmueble en el que estaban vinculadas las Hermanas Dominicas. Hasta entonces las monjas conservaban su porcentaje de propiedad.
Sin embargo, dos años más tarde, la entonces superintendenta delegada para Procedimientos Mercantiles, Ángela María Echeverri, quien manejaba el proceso de DMG en la Supersociedades, ordenó inscribir la titularidad de Nuevo San Antonio a nombre de la liquidadora de DMG. Su argumento era que el ente investigador ya había ejecutado la extinción de dominio y se debía proteger el patrimonio de las víctimas.
Desde entonces las Hermanas Dominicas no aparecen como propietarias del 50% del predio. Esta situación solamente quedó en evidencia cuando la Fiscalía archivó el proceso de extinción de dominio el 9 de diciembre de 2014. Al día siguiente, el abogado Jaime Alberto Uribe, defensor de las monjas, envió un derecho de petición a la Supersociedades en el que solicitaba que se revocaran las anotaciones en la Oficina de Registros Públicos que tenía el inmueble respecto a la extinción de dominio y del traspaso de la propiedad a DMG. Según él, no existía una orden judicial que justificara la decisión de Echeverri.
A través de un auto del 16 de enero de 2015, la superintendenta Echeverri —que renunció al cargo hace mes y medio— contestó que declaraba improcedentes las peticiones porque estaban facultados para tomar tales decisiones y en ningún momento se ordenó extinguir el dominio de la propiedad sino que se sacó del comercio para proteger a las víctimas. Asimismo le dio la razón a Uribe en que se tenía que aclarar que el proceso de liquidación era sobre el 50% de la propiedad que le pertenecía a Colbank. Agregó que, con base en la decisión de la Fiscalía en 2014, realizaría otro auto en el que ordenaba a Instrumentos Públicos aclarar la situación del predio Nuevo San Antonio y recomendaba a las monjas iniciar un proceso divisorio con la liquidadora de DMG para evitar más traumatismos.
Ese mismo 16 de enero escribió el documento, que finalmente fue remitido a Instrumentos Públicos el pasado 26 de enero. Hasta el momento no se ha notificado que las Hermanas Dominicas hayan recuperado el 50% de su propiedad. Sin embargo, personas cercanas al proceso manifestaron que, si bien Supersociedades pudo incurrir en un error, no fue de mala fe ya que se estaba protegiendo el patrimonio de las víctimas, y agregaron que no se les han desconocido los derechos a las monjas, pues se tiene claro que son propietarias de la mitad del inmueble y lo que pudo haber sucedido fue que se envió una anotación a la Oficina de Registros Públicos sin especificaciones. Fuentes consultadas advirtieron que a las Hermanas Dominicanas jamás se les quitó la posesión física, que el error quedó en el papel y que de haberse conocido antes la situación se hubiera pedido la aclaración.
Para el abogado Uribe esto es un exabrupto. Según él, en la respuesta de la exsuperintendenta Echeverri a los derechos de petición no se acepta que se cometió un error y que se buscaba tapar las irregularidades. Por este motivo radicó una denuncia penal el 21 de enero de 2015 por los delitos de prevaricato, fraude procesal, abuso de autoridad y falsedad ideológica en documento público contra Echeverri, la liquidadora de DMG, María Mercedes Perry, y Carmenza Jaramillo, quien para la época de los hechos era la encargada de la Oficina de Registros Públicos de la zona norte de Bogotá.
Según Uribe, las tres funcionarias cometieron irregularidades cuando traspasaron la totalidad del predio Nuevo San Antonio a nombre de DMG al argumentar que ya se había realizado un proceso de extinción de dominio, situación que jamás ocurrió. E insistió en que Echeverri trató de encubrir sus errores al contestar los derechos de petición, ya que supuestamente iban dirigidos al superintendente Francisco Reyes, a quien se le pedía investigar las conductas de la exfuncionaria. Para Uribe, la gravedad del tema es que se afectó la imagen de la comunidad religiosa y que no se trataba de una propiedad que valía tres pesos.
“Una corrección no arregla el lío y es falso que el motivo de la corrección fue causado por el fallo de la Fiscalía de archivar, porque fue un error de Supersociedades. Eso no se corrige diciendo ‘qué pena’, eso es prevaricato y se induce en el error a la gente. Qué pasa si yo no me doy cuenta. Jamás lo iban a corregir. Sacaron el bien del mercado público durante dos años. Siempre queda la duda sobre la propiedad porque viene de una matrícula con irregularidades”, indicó el abogado.
“Creo que ya se hizo la aclaración y siempre se ha dicho que el 50% de ese bien es propiedad de las Hermanas Dominicas. No hay ningún perjuicio”, indicó la liquidadora María Mercedes Perry, y agregó que “esos bienes fueron objetos de extinción y por la normativa de emergencia social que se dictó en 2008 se entregaron a DMG. Las cuatro tutelas que se han presentado para que a estas personas no les quiten los bienes que se han ganado ante la Corte. En ningún momento se les afectó el nombre porque pudieron haber hecho disposición de su bien”. Frente al tema de la denuncia indicó que será la justicia la que decidirá y agregó que no le ve ningún problema porque no se ha causado perjuicio alguno. Tanto así, precisó, que las tutelas se han debatido y se ha concluido que fueron adquiridos con plata de DMG.
“Cómo no se dan cuenta ni la Súper, ni la liquidadora ni la Oficina de Instrumentos Públicos, no verifican que la mitad del bien no tiene nada que ver con el proceso. No puede haber un error en las tres entidades, creo que eso está orquestado. El tema de fondo es que la Supersociedades no puede actuar con soberbia y ligereza, por eso presentamos la denuncia penal”, señaló Uribe. “Les dañaron el buen nombre y lo tienen que reparar”.
Finalmente advirtió que no se puede realizar un proceso de división porque aún no le han aclarado quién es el propietario del otro 50% del predio: “La Corte dice que es de Colbank, pero que lo pongan a nombre de DMG, entonces no tengo presente de quién es”. En respuesta a esta situación, la liquidadora especificó que no existe problema alguno para realizar el proceso divisorio, ya que es totalmente claro que los bienes pertenecen a DMG: “Es una orden de la Fiscalía entregar esos bienes que le fueron cancelados a Colbank”.
Hasta la fecha Supersociedades no ha recibido la notificación de que la Oficina de Instrumentos Públicos ya corrigió el error e hizo la aclaración. Las Hermanas Dominicas esperan salir pronto de este impasse que, según su abogado, terminó salpicándolas por el escándalo de DMG sin tener que ver.
FUENTE: EL ESPECTADOR