Nelson Julián Cruz Gómez, uno de los representantes civiles de las miles de las víctimas de DMG, exhortó a los empresarios que responden en juicio por lavar activos de David Murcia Guzmán a que entreguen a las autoridades los bienes que fueron adquiridos producto de la actividad ilícita de esa captadora.
“Mi llamado en nombre de las más de doce mil víctimas que han sufrido perjuicios económicos y morales es a que se de la verdad, la justicia y una reparación integral”, dijo Cruz Gómez.
También sostuvo que «a los acusados que denuncien los bienes de los cuales tienen conocimiento y que no han sido entregados a la Fiscalía en el momento en que fueron requeridos”.
Esta petición fue realizada tras asistir a la audiencia de juicio oral que se cumple contra los empresarios Luis Eduardo Gutiérrez Robayo y Juan Carlos Valencia Yepez, acusados de lavar millonarios activos a los cerebros de la pirámide DMG.
“A la liquidadora María Mercedes Perry para que cumpla con sus funciones administrativas por las cuales intervinieron a DMG y que no han sido cumplidas en estos diez años para reparar integralmente a las más de 12 mil víctimas y afectados de DMG”, dijo Cruz Gómez.
Asimismo, enfatizó en hacer un llamado a los jueces para que apliquen la mayor celeridad en los procesos que se siguen contra los señalados testaferros de David Murcia Guzmán.
En desarrollo de este proceso penal, la Fiscalía acusó a Valencia Yepez de ser supuesto autor del delito de lavado activos y, adicionalmente, a Gutiérrez Robayo de cometer los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
En el escrito de acusación conocido por La FM, la Fiscalía señala que los dos empresarios “utilizaron la compañía Guval para adquirir 473 bienes inmuebles, firmar promesas de compraventas y distribuir bienes a nombre de esa persona jurídica que en realidad pertenecían a David Murcia o al conglomerado empresarial”.
Roberto Charris, representante de Colbank emprendió una disputa legal y luego de varios años, demostró que esa compañía no había sido cómplice de los negocios de estos empresarios y por el contrario fue reconocida por el Tribunal Superior de Bogotá como víctima en el proceso contra Valencia Yepes y Gutiérrez Robayo.
El abogado Charris indicó que en 2008 fueron engañados supuestamente por estos dos empresarios, con la firma de una promesa de compraventa por un lote ubicado en el norte de Bogotá, por un monto superior a los 23 mil millones de pesos, el cual intentó ser revendido a DMG en 28 mil millones de pesos.