Colombiano nombrado por Bukele socio de un Fiscal en prisión con una central de inteligencia en Bogotá.
Por: Daniel Fernando Mejía Lozano
Periodista Internacional
El polémico nombramiento del colombiano Andrés Guzmán Caballero en el gabinete presidencial de Nayib Bukele para proteger los derechos humanos y la libertad de expresión del país centroamericano, genero suspicacias por sus vínculos con polémicos casos de parapolítica y la sociedad que tendría Guzmán con el ex fiscal de El Salvador Luis Antonio Martínez quien se encuentra en arresto domiciliario y tiene pendientes dos procesos judiciales por delitos de corrupción: peculado, mal uso de fondos públicos, omisión de la investigación, tráfico de influencias y lavado de dinero.
Desde el año 2021 Nayib Bukele dejo claro que la libertad de expresión y el respeto por la libertad de prensa no era lo suyo cuando expulso del Salvador al periodista Daniel Lizárraga, maestro de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México. El reciente nombramiento de Andrés Guzmán ratifica el desinterés de Bukele por este tema, pero además la cercanía de su gobierno con el ex fiscal que está en prisión y hoy tiene una empresa forense en Colombia que contrata con entidades como la Procuraduría General de la Nación.
Nayib Bukele, de 41 años y origen palestino lidera hoy el régimen que se ha convertido en tendencia en algunos países de América Latina. Hoy no es posible saber cuál es la situación en las prisiones de El Salvador, teniendo en cuenta que desde que inició el régimen de excepción, los medios de comunicación son vigilados incluso por empresas que podrían estar en otros países como Adalid Corp de la que escribiré en las siguientes líneas.
De acuerdo con algunas de las cifras oficiales que tampoco son confiables, desde que fuera impuesto el régimen de excepción, más de 67.000 supuestos delincuentes han sido arrestados, de los cuales más de 5.000 han sido liberados ante la falta de pruebas que demuestren los vínculos con las bandas delincuenciales, estos últimos son jóvenes que han sido en algunos casos torturados y han salido con traumas bastante delicados por la dureza de los centros penitenciarios.
No obstante, el aumento de la pobreza y la desigualdad en El Salvador es creciente según OXFAM, 160 millonarios controlan el 87 por ciento de la riqueza nacional, mientras el presidente Joven tortura la juventud y dedica el capital del Estado para estructurar grupos de limpieza militares y paramilitares.
El Banco Central de Reserva del Salvador reveló en su más reciente Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples el deterioro de diferentes indicadores sociales y la degradación de las condiciones de vida del pueblo salvadoreño.
Nayib Bukele, el pasado 24 de mayo anunció la designación del colombiano Andrés Guzmán Caballero como comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Este nombramiento, me causo mucha curiosidad, además por la importancia del tema en un país el cual ha sido cuestionado por organizaciones como Amnistía Internacional por la violación permanente de derechos humanos y la libertad de prensa.
El vínculo de Andrés Guzmán Caballero con una empresa Adalid Corp fundada por un ex Fiscal que está en casa por cárcel en El Salvador y sus contratos con la procuraduría en Colombia e incluso los servicios ofrecidos por parte de esta empresa en defensa de la parapolítica en Colombia, conectan los laboratorios forenses del ex Fiscal Martínez del Salvador con casos polémicos como el de Bernardo Moreno.
Entre abril y junio de 2016, el exfiscal general Luis Antonio Martínez viajó por lo menos tres veces a Colombia y, para inicios de agosto, su socio colombiano llegó a El Salvador. Tenían que ultimar detalles de la instalación de la empresa Adalid Corp ubicada en la Cl. 70a #11 – 28, en Bogotá.
Adalid Corp se describe como la única empresa de América Latina con un equipo forense de más de 200 profesionales de todo el mundo con dos laboratorios propios, completamente dotados y especializados en el análisis de acústica forense, extracción segura de información y toma de evidencias digitales. Distintas empresas del sector publico y privado de Colombia han contratado con esta empresa como lo demuestra en su sitio web https://www.adalid.com/
Andrés Guzmán Caballero en su red social del LinkedIn expresa que dentro de su experiencia profesional se encuentra el haber sido presidente de Adalid Corp. Esta empresa dentro de su experiencia señala contratación para seguridad informática con la Procuraduría General de la Nación en Colombia.
Pero no es todo, la empresa también en su sitio web expone que realizó el análisis de los archivos descubiertos por la Fiscalía General de la Nación en la acusación contra Bernardo Moreno, uno de los hombres de mayor confianza del expresidente Álvaro Uribe. Fueron más de doscientos millones (200.000.000) de documentos organizados, revisados e indexados, que sirvieron para preparar la defensa técnica. Dentro de este proceso el Dr. Andrés Guzmán Caballero, fue designado perito informático; como tal, entregó un informe técnico en el que se analizó la traza, origen, destinatarios, direcciones IP y existencia de direcciones de los correos electrónicos del caso” dice la empresa en su web oficial.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía de El Salvador, Martínez el socio de Guzmán y fundador de la empresa que factura en Colombia fue condenado por el caso “Corruptela”, por los delitos de omisión de la investigación, lavado de Dinero, Peculado, falsedad documental, negociaciones ilícitas, cohecho propio y falsedad Ideológica, prácticas que esperamos no se estén generando con la contratación de servicios forenses en Colombia, claramente esta empresa tiene cifras muy altas por el nivel de los clientes que expone han requerido de sus servicios. Recientemente hackearon muchas instituciones del Estado, y en esta investigación queda claro que el ex fiscal condenado en El Salvador Martínez fue quien monto esta empresa en Colombia, nombro a Guzmán su presidente y ahora Bukele se lo llevo para su gabinete, la pregunta es ¿Qué control tiene el Estado colombiano para estas empresas de inteligencia digital transnacional que operan libremente en el país?