Por: Daniel Fernando Mejía Lozano / Periodista Internacional / @DanielMejiaLoz2
La ONG Organización Democrática Mundial ODM que ha denunciado la afectación a la salud pública que genera la quema de residuos peligrosos en la planta de cementos de Nobsa Boyacá hizo pública la información en su plataforma digital donde se comunica que en una rueda de prensa en Estados Unidos se dio a conocer por parte del Fiscal Breon Peace, fiscal del distrito este de Nueva York, que la empresa Lafarge Holcim se determino culpable por el delito de financiación de grupos terroristas en Siria.
El fiscal Breon Peace dijo que la conducta «por parte de una corporación occidental fue espantosa y sin precedentes ni justificación». Los fiscales estadounidenses dijeron que la filial siria de Lafarge pagó al Estado Islámico y otro grupo terrorista, el Frente al-Nusra, el equivalente a 5,92 millones de dólares (aproximadamente R$ 31,2 millones) para proteger a los trabajadores de la fábrica a medida que se intensificaba la guerra civil del país.
La cementera Lafarge que se fusionó con Holcim desde el año 2015 admitió anteriormente que se pagaron sobornos luego de una investigación interna. Lafarge Holcim también enfrenta acusaciones de complicidad en crímenes contra la humanidad en Francia por sus actividades en Siria, pero la empresa niega las acusaciones. Por primera vez en la historia, una empresa se ha declarado culpable en un tribunal estadounidense de apoyar al autodenominado grupo Estado Islámico y a otro grupo terrorista.
Se trata de la cementera francesa Lafarge, que acordó el martes (18/10) pagar una multa de US$ 777,8 millones de dólares por los pagos realizados para mantener una fábrica en funcionamiento en Siria después del estallido de la guerra en 2011. En Colombia la empresa ha enfrentado denuncias y fallos judiciales por el daño ambiental en el valle de Sogamoso y la afectación a la salud pública.
En enero del año 2016 la cementera Lafarge Holcim firmo unos acuerdos con el Gobierno y la comunidad de Sugamuxi donde se comprometía a frenar la quema de residuos tóxicos en la noche en la planta de Nobsa ante las constantes denuncias de la comunidad por los fuerte olores tóxicos y las crecientes cifras de enfermos de cáncer en la región, sin embargo, la cementera no cumplió. El entonces Gobernador Carlos Amaya también se comprometió entonces a investigar el impacto que generaba en la salud publica de todos los habitantes de la región la practica de la cementera, acción que tampoco realizo el entonces mandatario. Hoy la cementera sancionada por financiar grupos terroristas sigue quemando residuos tóxicos en el valle de Sogamoso ante la ausencia de la autoridad ambiental y del Estado.