Contrario al propósito de frenar o desacelerar el sobrecalentamiento global, objetivo compartido hasta ahora por todas las naciones del mundo —aunque no todas con el mismo nivel de compromiso—, la seguridad energética ha retomado relevancia superior, la cual había estado desplazada por la defensa ambiental del planeta como derrotero en las grandes reformas de política energética y de desarrollo tecnológico hacia la descarbonización de la energía mundial.
En medio de una relativa certeza derivada del buen avance en la generación de energías limpias, en especial en los Estados de la Unión Europea, el mundo de las nuevas generaciones ve con indignación el retroceso dado por el pionero “Europa”, reactivando antiguas termoeléctricas a carbón, ante la inminente amenaza de desabastecimiento de gas, crisis energética causada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, la cual pone en evidencia que la seguridad energética ha sido y sigue siendo una constante preocupación de las naciones y de los bloques económicos como la Unión Europea (UE), cuyas primeras formas de organización fueron motivadas por la “seguridad energética”, y posteriormente el desarrollo de una ambiciosa política para impulsar la generación de energías limpias en concordancia con el propósito de frenar el calentamiento global.
Pero con la decisión de varios países de la U.E., de reactivar termoeléctricas a carbón, no solo se da un paso atrás en el propósito de salvar el planeta, sino que se reafirma la preponderancia de la seguridad energética como un factor esencial en la toma de decisiones en materia de política y de cambio climático de cada nación; que incluso puede desplazar las metas de descarbonización de la energía, imponiéndose, si fuese necesario, la soberanía de los estados sobre los tratados de organismos supranacionales y mundiales en la lucha en contra del calentamiento global. “La seguridad energética se impone a las metas globales de salvar al planeta”.
Como resultado de estas decisiones se ha registrado un aumento vertiginoso en la demanda de carbón térmico, situación que ha favorecido notoriamente a la minería de carbón en Colombia, evidente en el aumento del precio interno de hasta 400 %, comparado con el segundo semestre de 2021. Alemania es uno de los países que ha optado por reactivar sus antiguas plantas termoeléctricas a carbón.
“Alemania reactiva el carbón para consumo eléctrico y se reserva el gas ruso”
Alemania reactivó la primera planta de carbón en “reserva” para destinarla al consumo eléctrico, mientras destina el gas ruso que sigue suministrando el gasoducto Nord Stream a llenar sus depósitos de cara al invierno.
Es claro que ninguna nación está dispuesta a deponer la seguridad energética por cumplir las metas de transición con miras a reducir el calentamiento global, lo cual, sin lugar a dudas, conllevará a replantear las metas del Acuerdo de París. De tal forma, mientras la oferta de energías limpias no garantice la seguridad energética de las naciones con equidad, el uso de las fuentes fósiles en diferente proporción será inevitable.
Ahora bien, desde el punto de vista ambiental y de proporcionalidad, es preciso revisar los aportes de gases efecto invernadero (GEI) que hace cada país del mundo y sopesarlos con los compromisos de reducción de emisiones. Sin dejar de lado que la revolución industrial causó la mayor emisión de GEI a la atmósfera, lo cual nos permite afirmar que son los países industrializados los que más han aportado al fenómeno que hoy compromete la existencia de la humanidad en el planeta: el calentamiento global. Al respecto:
“Desde la Revolución Industrial las emisiones a la atmósfera han crecido exponencialmente pues en ese tiempo comenzaron a quemarse masivamente los hidrocarburos para extraer energía. Esta tendencia a la alza hasta nuestros días ha generado que el calentamiento global se convierta en un hecho aceptado por más de diez mil científicos”.
No se puede dejar de lado esta realidad, la cual debe ponerse en la mesa de discusión y negociación en la próxima cumbre sobre el cambio climático, para buscar en alguna medida aproximada a lo justo que las naciones protagonistas de la revolución industrial compensen el daño causado al planeta y a la humanidad.
Los aportes de GEI, siguen siendo encabezados por los países industrializados y de las economías emergentes como China y Brasil, lo cual nos permite establecer una relación entre el tamaño de la población, la economía y las emisiones atmosféricas. Al respecto el “World Resources Institute” (wri.org), afirma:
“Los tres principales emisores del mundo contribuyen 16 veces las emisiones de gases de efecto invernadero de los 100 más pobres”: Los tres principales emisores de gases de efecto invernadero (China, la Unión Europea y los Estados Unidos) contribuyen con el 41,5% de las emisiones globales totales, mientras que los 100 países más pobres solo representan el 3,6%. En conjunto, los 10 principales emisores representan más de dos tercios de las emisiones mundiales de GEI.
“El mundo no puede luchar con éxito contra el cambio climático sin una acción significativa de los 10 principales emisores” (wri.org). Lo anterior nos lleva a cuestionarnos: ¿El papel de Colombia y del Cono Sur debe seguir siendo de sumisión a los tratados que proponen los países más poderosos y más contaminantes, cuyas metas no se compadecen con el grado de responsabilidad en el daño causado al planeta?, o ¿Colombia debe liderar un bloque ambiental y reclamar mayor compromiso de los países que más contaminan y que paradójicamente son los más ricos y desarrollados?
Creo que hasta ahora y en el afán de mejorar su imagen y favorabilidad, los presidentes de Colombia han asumido un papel más populista que de liderazgo genuino en la defensa no solo del planeta, sino de la región, enfocado principalmente a: i) La protección de la Amazonia y de los páramos como ecosistema estratégicos para el equilibrio ambiental del planeta en cuyo propósito deben aportar los recursos económicos todos los países en proporción al grado de contaminación y de riqueza; ii) La justicia energética entendida como el derecho que tienen todas las personas a acceder a la energía a precios asequibles; iii) Medidas para descarbonizar la energía exigibles y proporcionales y a los aporte de GEI de cada país; y iv) En la distribución equitativa de las cargas ambientales y económicas las economías más desarrolladas deben contribuir a la descarbonización de la energía en los países más pobres con transferencia de tecnología para la generación de energías renovables no convencionales.
En el contexto global anterior es importante preguntarnos si Colombia está bien enrutada en su política de transición energética, en una prospectiva que parece considerar solamente las metas del acuerdo de París, sin tener en cuenta que tales propósitos se verán afectados por coyunturas tanto geopolíticas como climáticas. Por tanto, considero que la política minero-energética para el caso colombiano debe ser más prudente y considerar los impactos económicos y sociales de las medidas para lograr los objetivos del país en el marco del acuerdo de París. Decisiones que sugiero deben estar soportadas en los siguientes criterios:
En primer lugar, los compromisos en cuanto reducción de gases efecto invernadero (GEI) de los países en el mundo deben estar sometidos a un criterio de progresividad en dos aspectos: deben ser gradualmente más exigentes para los países que han aportado y aportan más porcentaje de GEI y deben ser más exigentes para los países de mayor capacidad económica y desarrollo tecnológico. Segundo, en el marco global de acuerdos ambientales se deben considerar los aportes positivos de regiones con ecosistemas estratégicos como las selvas tropicales, bosques y páramos, lo cuales actúan como sumideros naturales de CO2, para que todas las naciones y proporcionalmente al aporte de emisiones hagan aportes económicos para la protección de estos ecosistemas.
Tercero, la Seguridad Energética. Todas las medidas que se tomen en materia de cambio climático para limpiar la matriz energética de Colombia deben considerar la seguridad energética como un factor que proporciona certeza en la disponibilidad de energía requerida para el desarrollo de las actividades económicas y sociales del país y, cuarto: Democratización del acceso a la Energía Limpia. Las medidas políticas y regulatorias en materia de transición energética deben considerar que los mayores costos por la generación de energías limpias no pueden ser transferidos a los usuarios de menos ingresos al igual que los impactos económicos para la economía de la pequeña minería del carbón.
En síntesis, es una visión integradora de todos los aspectos ambientales, económicos y sociales implícitos en la transición energética, basada en los principios de proporcionalidad, prudencia y democracia.
Twitter: @Condiasandro